AMAIUR PREGUNTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA ACERCA DE LAS EXIGENCIAS DE LA ONU SOBRE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
LA ONU DIÓ 90 DÍAS A ESPAÑA PARA DECIR QUÉ HARÁ CON LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
El Grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas presenta un demoledor informe tras su visita al Estado español.
Pide al Gobierno de Madrid que asuma su "obligación", tome medidas y dé dinero para abrir las fosas.
El informe recuerda que España está “obligada” por el derecho
internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas a “asumir su responsabilidad” y
elaborar “una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”
que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra
Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar
sus restos. “Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de
las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy
avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado
adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular
sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”, dice el
informe.
Naciones Unidas ha enviado a España hasta 42 recomendaciones, divididas en seis apartados
1. Desaparecidos. Un plan estatal de búsqueda.
Como norma general,
la ONU recomienda a España que proporcione “mayor apoyo institucional y
financiero” a las asociaciones y familiares de las víctimas del
franquismo y que cree una “entidad estatal dotada de suficientes
recursos humanos, técnicos y financieros” que se encargue de “todas las
cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el
establecimiento una base de datos central sobre desapariciones”.
Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un “plan nacional de
búsqueda” de estas personas y que lo ponga en marcha “a la mayor
brevedad posible”. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la
fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas
previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar
a los familiares a localizar a las víctimas.
2. Justicia. Investigaciones “de oficio”
2. Justicia. Investigaciones “de oficio”
Naciones Unidas recomienda
“investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la
luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e
imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de
las mismas”. Para ello, reclama “eliminar todos los obstáculos
jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones
judiciales”, como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento
esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió
una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón,
fue procesado por ello, acusado de prevaricación, aunque finalmente fue
absuelto.
3. Símbolos. El Valle de los Caídos
La ONU pide a España que
proporcione “los fondos adecuados” para que la ley de memoria histórica
“pueda aplicarse” y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos
a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido,
el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones
forzadas solicita al Gobierno que “vele por el respeto a la disposición
de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva,
de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la
dictadura” . Y reclama, especialmente, la “implementación” de las
recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los
Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en
un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela
de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
4. Niños robados. Banco de ADN
La ONU propone a España “fortalecer
los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que
podrían haber sido víctimas de apropiación” y garantizar un banco
nacional de ADN que integre “muestras genéticas de todos los casos
denunciados”.
